Mendive. Revista de Educación, 22(3), e3787
Artículo original
Maestros y el estado de Honduras: entre las protestas y los pactos (1997-2009)
Teachers and the state of Honduras: between protests and agreements (1997-2009)
Os professores e o estado de Honduras: entre protestos e pactos (1997-2009)
Daniel Enrique Esponda Velásquez1 https://orcid.org/0009-0000-8584-4672
Edgardo Antonio Casaña Mejía2 https://orcid.org/0009-0001-1057-9218
Leonardo Pérez Lemus3 https://orcid.org/0000-0002-6590-7186
María de la Caridad González Martínez4 https://orcid.org/0000-0002-7016-1403
1Ministerio de Educación de Honduras. Honduras. danielesponda1985@gmail.com
2Congreso de Honduras. Honduras. edgardocoprumh@yahoo.es
3Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Pinar del Río, Cuba. leplemus@yahoo.es
4Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona". La Habana,
Cuba. bedmary92@yahoo.com
Esponda Velásquez, D. E., Casaña Mejía, E. A., Pérez Lemus, L., González Martínez, M. C. (2024). Maestros y el estado de Honduras: entre las protestas y los pactos (1997-2009). Mendive. Revista de Educación, 22(3), e3787. https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/3787 |
Recibido: 23 de febrero, 2024
Aceptado: 4 de julio, 2024
RESUMEN
La historia de la educación hondureña cuenta con obras significativas, las que se han producido en diferentes momentos históricos y que han sido acompañadas por las protestas y pactos de los docentes. Es objetivo poner de relieve la historia de la asimetría del gremio magisterial hondureño con el estado de Honduras, entre finales del decenio de 1990 y la primera década del presente siglo; de igual manera, en la especificidad, resaltar las protestas y pactos de las partes. La importancia de la temática radica en desentrañar las formas de la protesta y las negociaciones entabladas por los docentes en relación con las acciones estatales. Fue necesario realizar una revisión de análisis documental y de contenido de las fuentes bibliográficas y hemerográficas que abordan el tema. Se constata que los docentes han sido un gremio beligerante en la historia de Honduras, ya que han puesto a los gobiernos en dificultad con diferentes medidas de presión como la protesta y los marcos de negociación. Estas acciones han sido las que han conducido a presionar y a lograr que la lucha del magisterio no se quede en sus trincheras, sino que entre el gremio se haya identificado ese compromiso con la sociedad hondureña.
Palabras clave: docente; estado; gremio; negociaciones; protesta.
ABSTRACT
The history of Honduran education has significant works, which have been produced at different historical moments and which have been accompanied by protests and pacts by teachers. The objective is to highlight the history of the asymmetry of the Honduran teachers' union with the state of Honduras, between the end of the 1990s and the first decade of this century; likewise, in the specificity, to highlight the protests and pacts of the parties. The importance of the subject lies in unraveling the forms of protest and the negotiations initiated by teachers in relation to state actions. It was necessary to carry out a document and content analysis review of the bibliographic and newspaper sources that address the subject. It is noted that teachers have been a belligerent union in the history of Honduras, since they have put governments in difficulty with different pressure measures such as protests and negotiation frameworks. These actions have been what have led to pressure and to ensure that the teachers' struggle does not remain in their trenches, but that the union has identified this commitment to Honduran society.
Keywords: teacher; state; union; negotiations; protest.
RESUMO
A história da educação hondurenha conta com obras significativas, que ocorreram em diferentes momentos históricos e que foram acompanhadas de protestos e pactos de professores. O objetivo é destacar a história da assimetria da união dos professores hondurenhos com o estado de Honduras, entre o final da década de 1990 e a primeira década deste século; Da mesma forma, na especificidade, destaque os protestos e acordos das partes. A importância do tema reside em desvendar as formas de protesto e as negociações iniciadas pelos professores em relação às ações estatais. Foi necessário realizar uma revisão documental e análise de conteúdo das fontes bibliográficas e jornalísticas que abordam o tema. É claro que os professores têm sido um sindicato beligerante na história das Honduras, uma vez que colocaram os governos em dificuldades com diferentes medidas de pressão, tais como protestos e quadros de negociação. Estas ações foram o que levaram à pressão e garantiram que a luta dos professores não permanecesse nas suas trincheiras, mas sim que este compromisso com a sociedade hondurenha fosse identificado entre o sindicato.
Palavras-chave: professor; estado; guilda; fala; protesto.
INTRODUCCIÓN
La historiografía sobre la relación asimétrica del gremio magisterial y el estado de Honduras es casi inexistente. Como se enumera en las referencias bibliográficas, la que existe se ha orientado a realizar análisis sobre el aspecto gremialista docente desde un enfoque de su organización. Debido a esto, se precisa que en este artículo no solo se contribuye a desentrañar la historia gremial, sino la asimetría del magisterio hondureño con los gobiernos del país entre finales del decenio de 1990 y la primera década del presente siglo.
Con el objetivo claro, se evidencia que los resultados presentados en este artículo responden a los fundamentos teóricos y metodológicos que emanan de ¿por qué se desarrolló la investigación sobre la relación entre el magisterio y el estado hondureño? En repuesta a ellos, en un primer momento se realizó con el propósito de llenar los vacíos existentes sobre el tema y, en un segundo momento, para proporcionar nuevos conocimientos históricos de que la relación asimétrica de los docentes con el estado tiene una ida y vuelta en el marco de sus intereses: existen múltiples etapas de las confrontaciones y negociaciones que desencadenan en los pactos.
En ese sentido, los conceptos presentados en el artículo se van entendiendo de acuerdo a los periodos de la asimetría del gremio docente y el estado. Esto quiere decir que el significado de protesta, negociación y pacto, de las partes, posee distinta dimensión, características, actores y resultados para los que están involucrados en los procesos políticos.
En consecuencia, de esas particularidades descritas, el artículo presenta una división de la presentación y discusión de los resultados que se sustenta en los principales hechos que marcan la asimetría de las partes y en los periodos de tiempo en que se suscitaron. Con ese horizonte, se determinó que el punto de partida o eje articulador lo constituye la negociación del Estatuto del Docente hondureño desde 1997 al 1999, para luego continuar con la puesta en escena de la afectación del mismo con la aprobación de la Ley Retributiva y, finalmente, la idea de la exclusión de los maestros de la aplicación de la mencionada legislación en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales. En tal sentido, el objetivo de este artículo se direcciona a poner en relieve la historia de la asimetría del gremio magisterial hondureño con el estado de Honduras entre finales del decenio de 1990 y la primera década del presente siglo. De igual manera, en la especificidad resaltar las protestas y pactos de las partes.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el presente artículo se empleó un enfoque cualitativo, con la finalidad de externar cuáles fueron las formas de protesta y los métodos empleados para las negociaciones de las partes.
Fue necesario realizar una revisión de análisis documental y de contenido de las fuentes bibliográficas y hemerográficas de lo que se ha escrito sobre la temática. Para ello se consultaron los siguientes documentos:
Del mismo modo, se realizaron entrevistas que contribuyeron a apoyar la investigación sobre el tema (D, Esponda, entrevistador):
Igualmente, se compararon las fuentes (libros, artículos, decretos, autobiografía, obras) y se extrajeron algunos datos que permitieron hilvanar el proceso de confrontación y de negociación entre el gremio magisterial y el estado de Honduras.
Todo lo anterior permitió centrar el nivel de análisis en tres momentos entre el gremio magisterial y el estado de Honduras: el primero, es la protesta callejera y la negociación que se dio entre los docentes y el gobierno en el marco del Estatuto del Docente hondureño entre 1997 y 1999; el segundo es lo referente al atropello del estatuto con la aprobación de la Ley de reordenamiento del sistema retributivo del gobierno central en lo que va del 2000 al 2005 y; finalmente, el tercer momento enfatizó en las nuevas protestas y los pactos que se dieron entre maestros y parte estatal para el 2006 y 2009.
La explicación de este proceso, y debido al tipo de investigación que se concibió desde el análisis epocal, se desarrolló desde el punto de vista histórico; esto quiere decir que los procesos donde hubo protestas y negociaciones de las partes estuvieron imbricados con los intereses históricos del gremio magisterial y el estado de Honduras. De esa manera, se desentrañó el juego de intereses. Los hechos históricos se suceden en el tiempo y, por eso, fue necesario utilizar una periodización; esto es, dividir los hechos como han ido sucediendo, en períodos, de acuerdo con los procesos históricos que se estén dando en la época histórica que le corresponda.
Para historiar un fenómeno como el que se trabajó en la investigación se necesitó, primero, ubicarlo en los grandes períodos de la historia de Honduras, donde cada etapa tiene sus características y ya están diseñadas por los historiadores; pero, el fenómeno concreto que se pretendió estudiar, en este caso Los maestros y el estado de honduras: entre las protestas y los pactos 1997-2009, tuvo sus peculiaridades que permitieron tener su propia periodización en cada una de esas etapas.
Los cortes que se hicieron en el tiempo -siempre convencionales- no fueron estáticos, pues dependieron de la variable que se utilizó para analizarlos. Por supuesto, este fenómeno no estuvo aislado y dependió de otras circunstancias, de hallar y relacionar.
Las fuentes son necesarias e imprescindibles para historiar. Estas tienen que ser sometidas a la crítica, primero externa, que significa localizarlas y organizarlas; lo que se puede llamar, entonces, gestión de la información. Todo lo anterior permitió encontrar sentido, reflexionar y convertir en conocimientos todos los hechos con que operaron los historiadores, para ir construyendo el decursar histórico y científico del fenómeno propuesto.
RESULTADOS
Entre las ciencias de la educación se ha situado a La Historia de la Educación/ Pedagogía, junto a la Educación Comparada, como ilustradoras del proceso de desarrollo de la educación. Por supuesto, los autores se basaron en un gran arsenal de elementos que han sido desarrollados por la historia, en general, como ciencia, pero ese particular no significa que se produzcan de la misma manera.
En cuanto a los elementos comunes con la historia, está el hecho de que para llevar a cabo la investigación histórica fue necesario partir de algunos principios que guíen todo el trabajo que se pretendió realizar.
Resultó de gran importancia la precisión: ¿qué es un hecho histórico?, como la categoría principal de la historia como ciencia. Existen diferentes concepciones historiográficas para enfocar la historia, pero todas están de acuerdo en que el hecho histórico tiene las características siguientes:
Para el marxismo, que resulta la posición teórica que se asumió, el hecho histórico como objeto de investigación existe fuera de la conciencia del historiador y no depende de él. Fue necesario tener en cuenta, también, que, en el pensamiento del sujeto cognoscente, que tiene un carácter activo, se refleja el contenido del hecho de una manera más o menos exacta, aunque está mediatizada por la fuente (que, en este caso particular resultan ser: los documentos).
Por eso se afirma que, aunque el hecho histórico pasa por el prisma de la subjetividad, no varía su esencia, y se puede continuar considerando como realidad objetiva. La investigación histórica, de cualquier tipo, permite acercarse a la realidad, lo más precisa posible. Por supuesto, existen otras posiciones historiográficas, como la de los positivistas y el historicismo neokantiano.
El positivismo considera a la historia como una ciencia empírica. Se absolutizan los hechos históricos y se plantea que no es necesario interpretarlos y apreciarlos. La posición neokantiana niega que el hecho histórico sea objetivo. Ese concepto se forma en la conciencia del investigador, según los representantes de la escuela de Baden, en Alemania, como Windelband y Rickert; así como Droysen y Dilthey. Estos consideran que existe el dualismo metodológico, pues hay un método para las ciencias naturales, formadoras de leyes, esto es nomotéticas; y otro, para enfrentar la historia y otras ciencias sociales que se consideran ideográficas, y no forman en sí leyes, cuando más se puede hablar de relaciones legítimas.
El historiador marxista parte de apreciar la unidad entre lo empírico y lo teórico en el análisis del fenómeno objeto de estudio. Emplea el método dialéctico-materialista, que permite investigar la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El investigador de la historia necesita tener conocimiento de las peculiaridades de esta ciencia, para saber buscar y encontrar los datos que necesita para construir su obra.
De la protesta callejera a la negociación del Estatuto del Docente hondureño (1997-1999)
En el decenio de 1990, el contexto político de los docentes había dado un rotundo vuelco en Honduras, puesto que habían pasado de la represión de 1980 a enfrentarse a gobiernos neoliberales más abiertos, que permitían el accionar de los movimientos sociales del país. De igual manera, este marco les permitió tomar fuerza a nivel de gremio, producto de la consolidación y orientación de sus intereses gremialistas.
En otras palabras, se está identificando un movimiento social que sus demandas están orientadas a temas salariales, ya que históricamente sus derechos han sido violados. Ahora bien, en el 2009 estas luchas por las mejoras económicas van a alternar con la crisis política, puesto que el gremio magisterial se une al movimiento político de dicho año sin intereses económicos. Es en este contexto, más que una identidad partidaria, se podría decir que se matizaba una idea más patriótica caracterizada por la violación de la Constitución por otros poderes del estado de Honduras.
Esta dinámica de protesta que sistemáticamente fue pasando a la ola y ciclo de protesta, por un lado, fortaleció la identidad gremialista y, por la otra, se volvió normativa como forma de acción del magisterio durante la mayor parte de la década de 1990. De hecho, este proceso se dio gracias a las relaciones previas con los actores gubernamentales como contradestinatarios y por la escenificación de su propuesta. De esa forma, y con base en esos presupuestos teóricos, se va a entender la historia del magisterio con el estado de Honduras pre y post de su legislación.
DISCUSIÓN
La situación del magisterio en 1990 era crítica económicamente hablando, producto de su pírrico e incierto aumento salarial y por el agravio que recibían por el "clientelismo político de las plazas que eran asignadas por los diputados", según expresa Reyes en entrevista del 12 de diciembre de 2021 (Contienda, pacto y resultados en la relación magisterio y gobiernos de Honduras entre 1997-2009, D. Esponda, entrevistador). Lo descrito llevaba al desarrollo de protestas año con año por parte del gremio. Para evitar esta problemática anual, y con la idea de despolitizar la asignación de plazas y mejorar sus ingresos, los profesores revisaron su Ley de Escalafón y se dieron cuenta de que se encontraba obsoleta y que era tiempo de sustituirla.
Ese proceso de revisión y de elaborar una nueva propuesta de Ley, como apunta el entrevistado, el exdirigente de base Carlos Alberto Lanza en el año 2021, fue elaborada por los dirigentes magisteriales: Ambrosio Sabio, Oswaldo Rivera, Carlos Zúñiga, Carlos Mauricio López, Amílcar Tomé, Alduvín Díaz, los cuales la pusieron "en la mesa de Suazo Córdova en 1982 y terminó en derrota producto del contexto represivo de la Guerra Baja de Intensidad (GBI)".
De hecho, este ambiente llevó a que el magisterio estuviera en el oscurantismo, a nivel de acción, por más de una década y, con ello, a la pérdida de beligerancia como movimiento social. En consecuencia, en la clandestinidad los profesores fueron desarrollando su capacidad de supervivencia y de negociación que se reflejaría con la puesta en marcha del Estatuto del Docente.
En ese sentido, se identificó la puesta en marcha y, con más frecuencia en comparación con 1980, la protesta como acción política para lograr sus objetivos (Lisky, 1968): mejora salarial y, posteriormente, la aprobación del Estatuto del Docente. En relación con el tema de salarios, si bien es cierto que la Ley de Escalafón de 1968 dignificaba el quehacer de los maestros por brindar cierta estabilidad y establecer los requisitos para el ingreso y ascenso en la carrera docente, no permitía que el incremento de sueldos se hiciera en base a dicha legislación. Lo anterior conducía a que el aumento salarial no se hiciera por la vía de la negociación sin antes irse a las calles para exigir y luego corregir la injusticia (Turner, 1969).
El fortalecimiento del gremio explica la experiencia y los estadios que tuvo que pasar históricamente el movimiento magisterial; en otras palabras, sus acciones no se dieron de la nada, puesto que mutaron de un movimiento social con un conjunto de creencias hasta ser uno organizado alrededor de sus objetivos específicos (McAdam et al., 2001).
De esa manera, el magisterio como movimiento social organizado, se orientó a desarrollar una política contenciosa de interacción con el estado de Honduras, en cuanto a la aprobación del Estatuto del Docente (McAdam et al., 2001).
Del revés recibido con Suazo Córdova, el gremio magisterial comprendió que los objetivos se lograrían frente a los gobiernos neoliberales por medio de la unión de los colegios existentes en 1990. En ese sentido, y con la mirada puesta en el Estatuto del Docente, en "1994 las organizaciones magisteriales concentraron sus cuadros en revisar el borrador de 1982 y actualizarlo de acuerdo a la nueva realidad que se estaba viviendo", tal como expresara Lanza, C. A., en entrevista del 8 de diciembre de 2021, con el título: Contienda, pacto y resultados en la relación magisterio y gobiernos de Honduras entre 1997-2009 (D. Esponda, entrevistador).
Después de este proceso, y con los objetivos más claros, los docentes se dieron cuenta de que para lograr su cometido era pertinente crear un organismo representativo y con ello le dieron vida a la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), en 1995. Bajo esta nueva organización aglutinadora, los dirigentes: Ramón Álvarez, del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH); Marcelino Borjas, del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH) y Amílcar Tomé, de la vieja guardia, "integraron un equipo multidisciplinario de docentes, abogados y economistas" (Lanza, 2021), que le dieron vida sistemáticamente al borrador del Estatuto del Docente.
Este documento, que buscaba "dignificar la carrera docente y que el maestro tuviera una ley que dinamizara su salario sin tener que andar en las calles", tal como lo declara Torres, M. G. en entrevista del 9 de diciembre de 2021 titulada Contienda, pacto y resultados en la relación magisterio y gobiernos de Honduras entre 1997-2009, fue socializado a todo el gremio para su posterior negociación con el gobierno de Reina. Es importante mencionar que en el proceso de elaboración de la legislación se identifica lo que Pérez (2005) llama relaciones sociales previas con la futura administración liberal; es decir, antes que Reina asumiera el poder se "comprometió que su gobierno aprobaría el Estatuto y para evitar fisuras envió de colaboradores a José María Ramírez y Carlos Arita Valdivieso", declara Torres. Lo interesante de dicha prenegociación es que Reina lograría obtener el apoyo del gremio más beligerante del país a nivel de votos y a futuro evitar conflictos entre magisterio y estado: mejora de las relaciones políticas entre ambas partes.
Con el borrador del estatuto elaborado y con la venia liberal, los dirigentes de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) y representantes del estado hondureño, dieron pie concesiones mutuas con múltiples reuniones en distintos espacios. En cuanto a los actores de ambas partes, Torres expresa que las entrevistas arrojaron que, por el gremio magisterial, actuaron "Ramón Álvarez, Marcelino Borjas, Amílcar Tomé, Omar Rivera, Marco Antonio Vallecillo, Carlos Zuñiga" y, por el gobierno, "el viceministro Armando Euceda y la ministra liberal Zenobia Rodas".
Las partes negociadoras, en primera instancia, evacuaron la parte reglamentaria y, de último, dejaron la cuestión económica. Mientras la mesa de diálogo se desarrollaba, el gremio presionaba por medio de otros mecanismos como la protesta en las calles y plantones en el Congreso Nacional (CN) y casa presidencial. Una vez que ambas partes llegaron a un acuerdo producto de algunos cambios del estatuto, "el documento final fue entregado al diputado liberal Rafael Pineda Ponce para que pusiera en la mesa del CN la propuesta" (Figueroa, J. R., 9 de diciembre de 2021), [Contienda, pacto y resultados en la relación magisterio y gobiernos de Honduras entre 1997-2009 (D. Esponda, entrevistador)].
Lo que llama la atención es la participación de Pineda Ponce. De hecho, podemos inferir que su labor legislativa en beneficio del magisterio está conectada con su vida profesional como docente. Asimismo, sus futuros intereses políticos pudieron ser un motivante más, ya que en 1998 se convirtió en presidente del CN y en el 2001 fue precandidato a la presidencia de la República de Honduras.
Al final, entre negociaciones y protestas, el gremio magisterial en 1997 conseguía que el CN presidido por Flores Facussé aprobara el Estatuto del Docente. Este hecho histórico conduce a responder algunas de las interrogantes como: ¿a qué obedeció la aprobación del Estatuto del Docente en el contexto neoliberal? ¿Qué ganó el gobierno y qué obtuvo el gremio?
Retomando los apuntes de los entrevistados, y en repuesta a la primera cuestión, si analizamos, el neoliberalismo es espurio y lo que históricamente ha buscado es inhibir los movimientos sociales. No obstante, el contexto político de Honduras, en comparación a otros países de Latinoamérica era distinto para 1997, puesto que el movimiento magisterial se encontraba fuerte y los liberales "necesitaban conservar el poder y no les convenía una huelga para darle continuidad a su mandato y evitar la gobernabilidad al enfrentar un gremio fuerte", expresa Reyes.
En otras palabras, la aprobación del estatuto estuvo ligada a intereses políticos del Partido Liberal de Honduras (PLH), ya que Flores Facussé era candidato a la presidencia. De hecho, la jugada de los liberales posiblemente permitió que su presidenciable obtuviera el apoyo del gremio magisterial para las elecciones de 1997. Como se ve más adelante, esta acción la intentará emular Pineda Ponce.
En cuanto a la segunda pregunta, los liberales lograron seguir en el poder y, en cierta manera, consiguieron una gobernabilidad. Por el lado de los docentes, lograron dignificar su profesión y recibir una serie de estímulos y correctivos, hasta el retiro de servicio. Asimismo, regular la carrera docente desde su ingreso hasta las obligaciones y derechos como profesores (La Gaceta, 29 de septiembre de 1997). Esta regulación condujo a que el concurso y acceso a las plazas se "despolitizara"; los diputados y alcaldes no podían tener injerencia en el proceso de quién trabajaba o no.
El logro del magisterio que posiblemente le pondría el fin a la protesta anual por la exigencia de aumento salarial y la obtención de otros beneficios, era apenas el inicio y madurez del conflicto entre los docentes y estado postestatuto. De hecho, luego que Flores Facussé ganara las elecciones de 1997 y asumiera el poder en enero de 1998, la problemática se iniciaba en relación con la aprobación del reglamento y el incumplimiento del estatuto.
Respecto a esto, después de que Reina dejara el poder, las obligaciones del cumplimiento del estatuto le quedaron al nuevo gobierno encabezado por Flores Facussé. Sin embargo, este presidente, al iniciar su administración, incumpliría la nueva legislación que protegía y garantizaba estabilidad al gremio magisterial hondureño. En repuesta, los que enseñaban volvieron a su antigua práctica de la protesta, la cual se fue prolongando hasta octubre de 1998, mes en que el país fue azotado por el Huracán Mitch.
El impacto del fenómeno natural en el país, como anota Ismael Moreno (2004), "le dio al gobierno la mejor justificación para incumplir con el Estatuto del Docente. El huracán Mitch puso sobre la mesa nacional todos los problemas pasados y presentes, los coyunturales y estructurales". Ante este tipo de situación, el magisterio no podía hacer nada debido a que se ganaría los reproches del pueblo hondureño. A consecuencia, "el gremio se vio obligado a pactar con el gobierno posponer la aprobación del Reglamento y la suspensión de los aspectos económicos acordados en el Estatuto", tal como queda expresado por Raudales, M. M. en entrevista efectuada el 12 de enero de 2022 con el título "Contienda, pacto y resultados en la relación magisterio y gobiernos de Honduras entre 1997-2009" (D. Esponda, entrevistador).
Para el año de 1999, luego de que el gobierno de Flores Facussé había dado pie a la reconstrucción de Honduras, el gremio magisterial, de la mano de Nelson Cálix, Roberto Ordoñez, Staylen Mata de Copán, Henry Irías y Guadalupe Torres, comenzó a presionar nuevamente a la administración liberal para que cediera a las pretensiones magisteriales; no obstante, las negociaciones no estaban llegando a buen puerto debido a la negatividad gubernamental, según expresa Raudales.
Ante dicha situación, continúa el entrevistado, el mediador del tema económico y que no evitó el rompimiento del diálogo fue el padre Tony Salinas y Gautama Fonseca. Con estos personajes de por medio, más la presión magisterial, el gobierno de Flores Facussé extendió el pago del aumento salarial diferido hasta el 2002 y de la mano de Pineda Ponce como presidente del CN se aprobaría el Reglamento de Estatuto del Docente (Posas, 2003).
De esta negociación, el gobierno de Flores Facussé obtuvo prolongar los pagos de los aumentos salariales y el gremio magisterial pudo reglamentar su quehacer y que se normalizara lo de sus sueldos. Lo interesante de todo este proceso negociador es que en los próximos años (a 1999) el estado de Honduras "cumpliría parcialmente el Estatuto del Docente", declara Reyes.
Para el 2001, el ambiente era relativamente calmado para los docentes, quienes estaban a la espera de que la administración de Flores Facussé aprobara el presupuesto de 2022, donde se debía incluir el rubro para cumplir con el Estatuto del Docente. Sin embargo, no fue incluido (Moreno, 2004). El 27 de enero de 2002 el presidente liberal le entregaba la banda presidencial a Ricardo Maduro y, con ello, un sinnúmero de problemas que detonarían al iniciar su administración.
Para cerrar, se anota que la aprobación del reglamento del estatuto posiblemente fue una jugada política de Pineda Ponce, al igual que había pasado con Flores Facussé con la de aprobar el Estatuto para conseguir votos. Lo mismo quiso emular Pineda Ponce; sin embargo, los incumplimientos del gobierno liberal le pasaron factura y fue derrotado en las Elecciones Generales de 2001 por el nacionalista Maduro.
Por otra parte, durante este periodo (1997-1999) identificamos que los problemas entre magisterio y estado se resolvieron por medio de la firma de acuerdos negociados. Este tipo de documentos que ponían en escena un posible cumplimiento de ambas partes, lo que hizo fue postergar la agonía salarial de los docentes hondureños y poner en riesgo la estabilidad adquirida en el estatuto.
Estatuto del Docente Hondureño versus Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central. Entre la confrontación y la capitulación (2000-2005)
La no inclusión del gremio magisterial en el presupuesto aprobado por Flores Facussé para que se les pagara lo establecido en el Estatuto del Docente fue uno de los acicates que condujeron a que el magisterio volviera a las calles para los primeros dos meses de 2002. Asimismo, la situación magisterial en el transcurso de los meses se fue tornando más compleja y el gobierno de Maduro, en vez de buscar una solución, como apunta Moreno (2004), evadió las demandas y quiso desconocer al magisterio. Este desconocimiento gubernamental agravó el "conflicto que creció progresivamente "como una bola de nieve", según comparación del mismo gobierno, hasta que esa "bola" llegó a ser el más grande de los conflictos que amenazaban a Maduro (Moreno, 2004). En ese sentido, la falta de pago e incumplimiento de los pagos diferidos llevaron al gremio magisterial a la protesta, la que tomó otras dimensiones por el número de sus agremiados.
Las presiones ejercidas por el magisterio en las calles y por acercarse a la casa presidencial y a la Secretaría de Educación tuvieron resultados ciertamente positivos. El ministro de Educación de Honduras Carlos Ávila y el ministro de Finanzas William Chong Wong, por instrucciones de Maduro, plantearon al gremio magisterial encabezado por los "traicioneros": "Rafael Izaguirre miembro del Movimiento Leovigildo Pineda Cardona y presidente del COLPROSUMAH; Alejandro Ventura ex Ministro de Educación y presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA); Fanny Álvarez presidenta del Sindicato Profesional de Docentes Hondureños (SINPRODOH) e Israel Moya presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH)" (Funez, 2011, pág. 5), que las finanzas del país no estaban pasando un buen momento y que para salir adelante con la crisis educativa lo que se podía hacer efectivo era el pago diferido a partir de 2002 hasta 2004 (Posas, 2003).
Con la esperanza de que se hiciera realidad dicha propuesta, el gremio magisterial y el estado de Honduras firmaron el documento denominado "Actas de negociación". A grandes rasgos, el convenio a nivel de contenido rescata el compromiso de pago por parte del gobierno de Maduro y, por la parte gremial, de retomar las actividades laborales y dejar de un lado la acción política de la protesta. Es importante anotar, que, por un lado, el sistema gubernamental salió favorecido debido a que logró retrasar lo adeudado y calmar la problemática y, por el otro, los docentes no obtuvieron nada, solo dilatar por más tiempo el cumplimiento del Estatuto del Docente.
A pesar de los acuerdos, el gremio magisterial no se dormía en la lucha, al contrario, seguía en pie al solidarizarse con otros movimientos sociales del país. De hecho, para el 2003, cuando el gobierno de Maduro amenazó con reformar la Ley de Servicio Civil que congelaría los salarios y que haría perder derechos adquiridos a los empleados estatales, los docentes se sumaron a la Marcha por la Dignidad, convocada por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) (Moreno, 2004). En dicha protesta, el magisterio mostró el poder y los primeros rasgos de unificación que se reflejaría en el 2004 con la afrenta para la derogación de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central.
Esta última legislación fue aprobada junto a la Ley de Presupuesto el 19 de diciembre de 2003. Al comparar el Estatuto del Docente con esta Ley, su artículo primero dilucida que el estatuto "es el régimen de administración de personal que tutela la carrera docente en instituciones oficiales, semioficiales y privadas regidas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, como se describe en La Gaceta, 29 de septiembre de 1997, en su primera página.
Siguiendo a Mario Posas (2003), también establece:
las prohibiciones y los derechos de los docentes. Especifica las normas que regulan el reclutamiento, selección y nombramiento de personal, la movilidad laboral, la evaluación y el régimen disciplinario y la jornada laboral del personal docente asimismo, un régimen especial para los establecimientos educativos privados y da indicaciones sobre el régimen salarial al que estarán sometidos los docentes (pág. 35).
Por el lado económico, el estatuto estableció una escala diferida que se pagaría en cuatro años con un aumento salarial del "19 % para el año de 1998, del 19 % para el año de 1999, del 20 % para el año 2000 y del 20 % para el año 2001". De esa manera, el cálculo del salario para los maestros de educación primaria pasó de 2,116.92 a 3,596.44 (Posas, 2003, pág. 36). Es importante mencionar que en los gobiernos de Flores Facussé y Maduro, producto de la lucha en las calles, estos valores fueron presentando cambios de acuerdo al incremento del salario mínimo y por los complementos por años de servicio y pasó de un 15 % (cinco años de servicio) al 100 % (con 30 años de trabajo); aunado a ello, los colaterales por "puesto desempeñado, antigüedad en el servicio, grados académicos adquiridos, méritos profesionales alcanzados y zona de trabajo", lo que se evidencia en La Gaceta, 1997, p. 19. Para el caso de la Ley de Reordenamiento, tenía como objeto "ordenar el régimen salarial del Gobierno central y las instituciones desconcentradas del Estado para lograr la equidad que garantiza la Constitución de la República". Para su aplicación, se adoptaron las definiciones de "salario ordinario, integral, promedio, derecho adquirido, compensación por zona de trabajo y compensación por riesgos ocupacionales", evidenciado en La Gaceta (2007, p 1-2).
La aplicación de la Ley de Reordenamiento no menciona directamente la vigencia y seguimiento del pago de los colaterales del Estatuto del Docente. La única mención en dicha legislación es en los artículos 4 y 5, que dilucidan que se pagarían solamente del 2004-2006, de acuerdo al sueldo base de 2004 (4, 453.80). De igual forma, que a partir de 2007 se iba a buscar una forma distinta a la del estatuto de integrar los colaterales (La Gaceta, Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, 2004). Esto significó para el gremio magisterial un congelamiento y una violación a la legislación que los venía protegiendo desde el año 1997.
En respuesta, y producto del peligro que presentaba la Ley de Reordenamiento en relación al Estatuto del docente, el "gremio magisterial, de la mano de Eulogio Chávez, Jorge Franco, Nelson Cálix del COPEMH y de Ángel Martínez del Colegio Profesional Unión Magisterial De Honduras (COPRUMH)" (Lanza, 2021) se orientó a concentrar sus agremiados para protestar en la capital de Honduras en pro de la derogación. Carlos Alberto Fúnez (2011) anota que en Tegucigalpa se concentraron para ejercer presión un aproximado de 60,000 maestros, provocando la paralización total de la ciudad.
Ante estas presiones que se venían dando desde el mes de febrero, el gobierno hondureño, para junio de 2004, intentó abrir el diálogo con el gremio magisterial. Al respecto, Maduro dio una serie de entrevistas en rueda de prensa que dilucidan que "el gobierno reitera su posición, que es legal y que consideramos es la más equitativa para todo el pueblo hondureño, como grupo integral", tal como aparece en La Tribuna, para solucionar la crisis por medio de la negociación de las partes. Asimismo, y como parte del proceso de diálogo que se iniciaría, se planteó al gobierno no aumentar la masa salarial y la opción para cumplir al magisterio era renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un apoyo de 1,800 millones de dólares. De igual manera, ofreció el pago de 85 millones de lempiras del total adeudado.
No obstante, el magisterio se acercó a escuchar la rueda de prensa y calificó de evasivas las declaraciones de Maduro y que no presentaban una solución concreta. En repuesta, el profesorado siguió ejerciendo presión en el mes de junio bloqueando carreteras y paralizando las principales ciudades del país. Ante dicho contexto subversivo, el estado hizo el uso de la fuerza para intentar fragmentar las protestas y apresar a algunos docentes que andaban en las manifestaciones; así lo expresa en ese año La Tribuna.
Luego de una serie de confrontaciones en el mes de junio, que dejó a maestros heridos y detenidos, la situación no presentaba una solución inmediata. Este contexto hizo que el gobierno de Maduro se sintiera más presionado y, con ello, convocó a integrar una primera comisión de negociación encabezada por el secretario de trabajo German Leitzelar; no obstante, la comisión fracasó y como resultado no pudo llegar a ningún acuerdo con los profesores, tal como aparece publicado en El Heraldo del 9 de julio de 2004 con el título: "Gobierno acepta propuesta que el magisterio ha venido manejando". Para inicios del mes de julio, la crisis siguió en pie debido a que los docentes seguían en las calles y los estudiantes hondureños sin clases y el gobierno sin ceder. Para generar un nuevo acercamiento y buscar una salida, el gobierno de Maduro nuevamente integra una comisión de negociación para plantearle al gremio magisterial la propuesta que incluía el pago de "85 millones para atender los colaterales, pago de deuda pública acumulada desde el año 2000, pago por última vez de días no trabajados y devoluciones de deducciones profesionales". Tal como aparece publicado en El Heraldo del 11 de julio de 2004 con el título: "Gobierno y maestros firman acuerdo".
Por el lado del magisterio, pedían "resolver la politización en las direcciones departamentales, restituir el pago de colaterales (quinquenios, zonaje y calificación académica), cumplimiento con el Estatuto del Docente y pago (total) de la deuda pública", tal como queda expresado en La Tribuna en su página diez. Al detenerse en ambas propuestas a nivel comparativo, vemos que el gobierno nunca hace mención directa de respeto al estatuto y tampoco hace hincapié en eliminar la Ley de Reordenamiento.
Es importante mencionar que en este proceso negociador jugaron un papel importante algunos sectores de la sociedad civil; de igual forma, para la primera quincena de julio donde la situación había adquirido una dimensión más crítica, las partes negociadoras pedían apoyo de la población hondureña, de hecho, se desarrollaron campañas de concientización y desmerito. Por la parte del gobierno, exponía que el estado no estaba en la capacidad de realizar los pagos establecidos en el estatuto y que, por ello, no podía sacrificar a la ciudadanía. Para el caso de los profesores, estos ponían entre líneas las razones de sus protestas, todo lo cual aparece reflejado en El Heraldo del 4 de julio de 2004 con el título "Huelga de brazos caídos". Con estas campañas en detrimento del magisterio y con el llamado de los docentes a lograr el apoyo de la ciudadanía hondureña, el diálogo se suspendió entre las partes. Asimismo, el gobierno, como último pronunciamiento, le hizo saber al gremio que las negociaciones se podrían retomar siempre y cuando se dieran las condiciones de suspensión de las protestas y la vuelta a las clases para no poner en riesgo el año escolar.
Lo expresado por el gobierno de turno se puso a discusión en el gremio del magisterio; al final, y en común acuerdo, "las 18 asambleas departamentales del sector magisterial decidieron retornar a los centros educativos de todo el país, pero no a impartir clases, sino a seguir convenciendo a los estudiantes y padres de familia para que los apoyen". Es importante anotar, que este "regreso fue con el fin de tomar las escuelas como trincheras para, desde ahí, realizar acciones conjuntas de resistencia", tal como se declara en El Heraldo, en esa misma fecha. Con este tipo de acciones y con la vuelta a las calles entre el 4 y 9 de julio, nuevamente el magisterio presionaba al gobierno de Honduras para buscar solución al problema de la violación al Estatuto del Docente con la Ley de Reordenamiento. Como resultado de las presiones y con la idea del diálogo, el estado de Honduras convocó el 9 de julio a los docentes; a su vez, integró una nueva comisión que fue encabezada por el "expresidente Rafael Leonardo Callejas, el secretario privado Ricardo Álvarez y Arturo Corrales Álvarez, de igual manera, Porfirio Lobo Sosa". Al mismo tiempo, los profesores conformaron su comitiva, que fue integrada por "Nelson Cálix, Ángel Martínez, Alejandro Ventura, Fanny Álvarez, Israel Moya y Eduin Oliva", evidenciado en lo expresado en La Tribuna en su página ocho.
Con las comisiones integradas y con la anuencia de las partes, el mismo día (el 9 de julio) se llevó a cabo un nuevo acercamiento y se pactó firmar el 10 de julio el documento que pondría fin a la problemática. Luego de culminar la reunión, los líderes magisteriales expusieron a sus compañeros de lucha lo discutido con la comisión gubernamental. De esa manera, el día antes mencionado, nuevamente se vieron las caras las partes representantes y firmaron un acta de cumplimiento a las exigencias de los docentes y de la parte estatal.
El conflicto entre el magisterio y el gobierno de Maduro llegaba a su final. En cuanto a los logros que obtuvo el gremio del magisterio, podemos mencionar el compromiso del estado de pagar los quinquenios y calificación académica a los docentes que adquirieran el grado de licenciatura o técnico universitario, a deducir de estas cantidades el 7 % de la aportación docente al IMPREMA y correspondiente al 12 % como aportación patronal, reactivar el servicio de captación de las aportaciones y cotizaciones de los afiliados al COPEMH y el COPRUMH y los pagos de las cantidades por concepto de deuda pública correspondiente a los años anteriores. Se pagarían en el mes de agosto de 2004, lo que aparece descrito de manera clara en El Heraldo en esa fecha.
Ahora bien, si interpretamos a nivel cuantitativo las descripciones anteriores podemos decir que el gobierno destinaría al gremio magisterial de forma diferida "600 millones de lempiras durante los años 2004, 2005 y 2006 para el pago de colaterales a todos aquellos docentes que vayan cumpliendo con el requisito de ley". En ese sentido, para este año se van a incorporar 120 millones, para el 2005 unos 240 y cantidad similar para el 2006. Dicho esto, los profesores salieron a celebrar un triunfo que dejó mucho que desear porque los puntos más torales del Estatuto del Docente no se resolvieron.
El gobierno logró solucionar temporalmente la problemática magisterial -extender los pagos- y con ello se dio el retorno a clases. Asimismo, comprometieron al gremio a "reanudar las clases, iniciar un plan especial de recuperación de los días no laborados, iniciar una auditoría salarial, integrarse a la transformación educativa e incluir a los padres de familia en los procesos educativos", lo que se evidencia en la publicación aparecida en El Heraldo.
Con estos acuerdos, por una parte, se culminaba una crisis magisterial iniciada en el mes de febrero de 2004, a consecuencia de la Ley de Reordenamiento. Por el otro, los docentes iniciaron a planificar su retorno a clases que incluía hasta trabajar en días feriados. Finalmente, que el conflicto entre magisterio y estado se haya finiquitado beneficiaba a más de 600 mil niños con clases y a un porcentaje significativo con la reactivación de la merienda escolar, según aparece reflejado en El Heraldo ese año 2004, en su primera página.
Para cerrar, se anota que en el año de transición gubernamental (2005) el gremio magisterial y el estado prácticamente no entraron en conflicto y el desarrollo de las distintas manifestaciones políticas se dio con una relativa normalidad. En ese sentido, se dieron las elecciones generales el 27 de noviembre, que dejó como ganador al candidato del PLH Zelaya Rosales, frente al nacionalista Lobo Sosa. Con el nuevo presidente de la República, los maestros esperaron que a partir de 2006 su situación en torno al Estatuto del Docente presentara otro escenario.
Entre protestas, negociaciones y los pactos entre maestros y gobierno (2006-2009)
La toma de posesión del expresidente Zelaya Rosales se llevó a cabo el 27 de enero de 2006 en el estadio nacional "Tiburcio Carías Andino". En el discurso de toma de mando y con conocimiento de causa de la problemática magisterial en el gobierno de Maduro, hizo saber que su promesa de campaña política la iba cumplir al gremio magisterial, respetando la aplicación del Estatuto del Docente hondureño. De igual manera, la población estudiantil de nivel prebásico, básico y medio iban a contar con matrícula gratuita (Reconciliación, 2011).
Con estas promesas, Zelaya Rosales inició su mandato. En ese marco, y tomando en consideración el antecedente conflictivo entre el estado de Honduras y el gremio magisterial, pidió al legislativo que revisara la Ley de Reordenamiento que se aprobó con Maduro. Luego de una revisión y analizar su impacto en los docentes, el CN excluyó en julio de 2006 el Estatuto del Docente de mencionada legislación, que buscó regular y orientar el salario en diferentes instituciones del país, tal como se declara en La Gaceta.
La exclusión de los maestros de la Ley de Reordenamiento presagiaba un ambiente de cordialidad y buenas relaciones de las partes que habían venido en conflicto desde finales del siglo pasado; sin embargo, los docentes intentaron aprovechar el contexto que se estaba dando en el gobierno liberal para retomar sus exigencias en torno al Estatuto del Docente. De hecho, se dieron algunas negociaciones bajo el tapete entre el gremio y el legislativo para ver qué posibilidades existían.
Sin embargo, estas primeras conversaciones entre el presidente del CN Roberto Micheletti y el magisterio nunca se llegaron formalizar. En consecuencia, las negociaciones de palabras no llegaron a buen puerto y nuevamente florecía la problemática que Zelaya Rosales había querido evitar. De hecho, las pláticas de las partes venían aproximadamente desde hace cinco meses y al día siguiente de la exclusión del Estatuto Docente de la Ley de Reordenamiento iniciaron las presiones del gremio magisterial con el uso de la protesta.
La primera acción de protesta y las que prosiguieron hasta el 26 de julio de 2006, se concentraron en presionar al gobierno hondureño por medio de mecanismos ya conocidos como la toma del aeropuerto Toncontín, plantones en las oficinas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y frente a Casa Presidencial. Estas expresiones políticas aglutinaron con mayor frecuencia a los docentes provenientes de distintas partes del país; zona rural y urbana (Fernández, 2006).
Mientras se llevaban a cabo las protestas, el gobierno hondureño y los docentes crean una mesa de diálogo. Por la parte estatal, estaban participando el ministro de Educación Pineda Ponce y la ministra de Trabajo Ricci Moncada. En el caso magisterial, se creó un Comité de Huelga a la usanza de los obreros de 1954 y una comisión representativa encargada de negociar (Lanza, 2021).
La propuesta del magisterio era que, a consecuencia de la exclusión del Estatuto del Docente de la Ley de Reordenamiento, ellos se seguían rigiendo por la legislación magisterial de 1997; en otras palabras, estaban pidiendo la aplicación de la misma. En cuanto la comisión gubernamental, esta hacía ver a los profesores que era imposible retomar lo presupuesto en el Estatuto de 1997, debido a que el gobierno no tenía la capacidad de cumplir con las cláusulas económicas, tal como lo expresa en entrevista efectuada a Figueroa el 9 de diciembre de 2021 [Contienda, pacto y resultados en la relación magisterio y gobiernos de Honduras entre 1997-2009. (D. Esponda, entrevistador)].
Ante esta situación y a la falta de una propuesta sólida, el gremio magisterial no siguió negociando y se retiró. El diálogo se había roto entre las partes y como resultado se agravó más el conflicto, ya que los docentes siguieron en protesta y los centros educativos cerrados. Esta dinámica la seguimos identificando en la primera semana de agosto, cuando más de "40 mil maestros provenientes de todo el país marchan desde la sede de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) hasta el CN, en Tegucigalpa". En repuesta, el gobierno reiteró que seguía abierto al diálogo y, a su vez, advirtió "que no entregará por escrito una propuesta salarial a menos que la dirigencia magisterial suspenda el paro" (Fernández, 2006, p. 253).
A pesar de las advertencias, los maestros siguieron en las calles con sus acciones de protesta y el gobierno, como en otras ocasiones, los reprimió severamente con los policías y militares, dejando más de 80 docentes detenidos y 40 heridos (Fernández, 2006). No obstante, la represión no quebrantó al gremio magisterial y la problemática seguía en pie. Ante la posición férrea de los maestros, los representantes del estado de Honduras tuvieron que llamar nuevamente al diálogo e integrar una comisión que incluyera a los docentes para desarrollar una propuesta asertiva.
De esa manera, el 9 de julio una comitiva negociadora de la FOMH se sentó con los representantes del gobierno a tratar diferentes puntos del documento que pondría fin a la problemática. Al mismo tiempo que se daban las negociaciones, el Comité de Huelga de los docentes seguía ejerciendo presión con marchas en distintos puntos de la capital de Honduras.
Después de una serie de discusiones que se postergaron por más de catorce horas, el 12 de agosto de 2006 el presidente Zelaya Rosales y "los 6 líderes de la FOMH firman en Tegucigalpa un acuerdo que pone fin a la huelga de 10 días en el sistema educativo nacional. Además del incremento salarial de 24,02 lempiras por hora clase diferido en tres años, el acuerdo incluye el compromiso de los docentes de dedicar, en los próximos 3 años, 4 horas semanales a la alfabetización" (Fernández, 2006, p. 254).
Con el acuerdo firmado por las partes, que se le llamó PASCE, los docentes hondureños sistemáticamente se fueron integrando a sus labores docentes en la zona urbana y rural del país. Por otra parte, este documento suscrito lleva nuevamente a acercarse a las interrogantes ¿cómo se dio el proceso? y ¿qué lograron las partes negociadoras?
A modo de repuesta a la primera cuestión, para esta etapa y problemática de 2006 pensamos que, al igual que en los otros ciclos, el proceso negociador fue una estira y encoge entre las partes negociadoras, puesto que estaban antepuestos los intereses económicos. Asimismo, la negociación no fue inmediata sino demorada, ya que el estado y el gremio magisterial presentaban desacuerdos y poder hacer concordar los intereses dependió de la acción política como forma de presión y de la capacidad negociadora.
Para el caso de la segunda interrogante, posiblemente el estado de Honduras obtuvo sostener las finanzas, ya que el estatuto ha sido impagable. En otras palabras, se evitó la descapitalización del factor económico estatal. De igual manera, que el conflicto se disipara fue un beneficio a favor del gobierno en turno debido a que la "normalidad" contribuye a que no se ahuyenten las ayudas económicas de los países hermanos y de los organismos internacionales. En el plano más local, el hecho de que el programa educativo se cumpliera permite a los estudiantes del país recibir una instrucción continua.
En relación al magisterio, el "acta especial" que registró los acuerdos entre gobierno y maestros, hace ver que estos últimos lograron que se respetara el Estatuto del Docente al establecerse un régimen económico que se estructuró de acuerdo al año de seguimiento; es decir, en el 2007 recibirían 41.45 lempiras por hora y en el 2008 49.49 y en el 2009 la cantidad de 57.48.
Asimismo, una mejora salarial anualmente que en el 2007 fue de 6,466.20 y en el 2008 llegó a 7,715.76 y para el 2009 de 8,966.88 lempiras. Para el caso de los colaterales, el de antigüedad en el servicio se fijó un beneficio de 658.04 lempiras; calificación académica 3,073.12; licenciaturas, grados superiores y técnicos universitarios con 1,1536.56. Es importante mencionar que estas prebendas aumentarían a partir del 2010 de acuerdo al artículo 49 del Estatuto del Docente (Girón, Sorto, Agurcia, Rubio, & Macías, 2013). Un colateral que no mencionamos fue zona de trabajo, los maestros acordaron que se reconocería el mismo para los docentes que laboren en los departamentos de Islas de la Bahía, Gracias a Dios y otras zonas que tienen límites fronterizos.
Al detenerse en las valoraciones criticas señaladas, se evidencian incrementos de los sueldos y el comportamiento salarial docente, pero también nos muestra que el cumplimiento al Estatuto del Docente no se ha dado del todo; es decir, que los valores no corresponden a la estructura financiera establecida en la legislación de 1997. Lo expuesto lo identificamos a partir de 2001 cuando la progresión salarial se detuvo por las irregularidades presupuestarias de asignación en el país; en otras palabras, los aumentos fueron poco significativos hasta el 2005.
En ese sentido, se aprecia que el estatuto no se ha cumplido a cabalidad y, producto de ello, más la exclusión docente del desarrollo de los programas educativos y la flagelación de sus derechos con la aprobación de nuevas leyes como Ley del Reordenamiento Redistributivo, se generó una confrontación casi permanente entre el gremio magisterial y los gobiernos. Si bien es cierto que esta problemática se ha ido solucionando en el camino de forma temporal por medio de negociaciones entre las partes en conflicto; sin embargo, la raíz del problema sigue viva hasta nuestros tiempos.
Por otra parte, después que finalizó el conflicto entre el estado y el gremio magisterial, estos últimos esperaron a que se cumpliera lo establecido en el PASCE. No obstante, esto no fue posible del todo en los años venideros (2007-2008). Este incumplimiento condujo a que el gremio magisterial volviera a las calles, pero no con la misma fuerza de 2006 y tampoco con la misma frecuencia, ya que la protesta se inhibía en el camino porque el gobierno de Zelaya Rosales de forma espontánea respondía algunos puntos de lo pactado en la "acta especial".
A pesar de algunas disociaciones en el cumplimiento del acuerdo todo seguía en pie; es decir, el estado y el gremio magisterial mantenían relaciones. Sin embargo, esta relación asimétrica fue temporal debido a que la realidad política de 2009 se antepondría. En otras palabras, el Golpe de Estado orquestado por Micheletti y las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) condujo al incumplimiento del Estatuto del Docente.
Sumado a lo anterior, como lo plantea uno de los entrevistados, los docentes despertaron un sentimiento antigolpista y fueron uno de los primeros gremios del país en manifestarse contra lo sucedido el 28 de junio de 2009. De hecho, y como lo relatan los medios escritos, los docentes fueron una base toral de la resistencia hondureña y contribuyeron desde sus trincheras de forma significativa para darle vida al partido político denominado Libertad y Refundación.
Lo interesante del papel del gremio magisterial en relación al Golpe de Estado de 2009 es que, a pesar de lo sucedido en el año 2006, se solidarizaron con la realidad nacional y, especialmente, con el expresidente Zelaya Rosales. Esta solidaridad, como plantea Miralda (2010), le costó al gremio sufrir represión por los brazos armados del país y perder algunos de sus agremiados en las acciones de protesta contra los golpistas.
El gremio magisterial en la primera década del presente siglo ha sido un movimiento social beligerante que ha puesto contra la pared a los gobiernos nacionalistas y liberales. Esta beligerancia se ha puesto en manifiesto no solo en la defensa de sus intereses, también en el marco del contexto político del Golpe de Estado de 2009. En ese sentido, se cierra poniendo entre líneas que la lucha del magisterio no se ha quedado en sus trincheras, sino que entre el gremio se ha identificado ese compromiso con la sociedad hondureña.
De igual manera, se identifica un movimiento social en el que sus demandas han estado orientadas a temas salariales, ya que históricamente sus derechos han sido violados. Ahora bien, en el 2009 estas luchas por las mejoras económicas se fueron alternando con la crisis política, puesto que el gremio magisterial se unió al movimiento político de dicho año sin intereses económicos. Es en este contexto, más que una identidad partidaria, se podría decir que se matiza una idea más patriótica caracterizada por la violación de la Constitución por otros poderes del estado de Honduras.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Fernández, M. (2006). Honduras. Cronología de mayo-agosto de 2006. Revista del OSAL(20), 249-255.
Funez, C. A. (2011). Las luchas magisterio en defensa de la educación y el estatuto del docente. Revista Centroamericana de Teoría, Política, Economía e Historia (10), 5-29.
Girón, F. P., Sorto, R., Agurcia, M., Rubio, K., y Macías, F. (2013). Renacer docente. Cincuentenario del COLPROSUMAH. Tegucigalpa, Impresos Gráficos Sánchez.
Lisky, M. (1968). Protest as a Political Resource. The American Political Science Review, 62(4), 1144-1158. https://www.jstor.org/stable/1953909
McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). Dynamics of contention, Cambridge University Press.
Miralda, J. (2010). Crónicas del golpe de Estado en Honduras. Tegucigalpa.
Moreno, I. (2004). Conflicto magisterial: crónica de un proceso inconcluso. Revista Envío, 270. https://www.envio.org.ni/articulo/2471
Pérez, R. (14 de Enero de 2005). Gobierno de Cantabria. Obtenido de http://www.educantabria.es/docs/Digitales/Bachiller/LECTURAS_DIGITAL/Docs/HABERMAS/ppt /PPT7_hanna_arendt.ppt
Posas, M. (2003). Sindicalismo y gobierno. Una agenda para el diálogo en torno a la reforma educativa. El caso de Honduras. Tegucigalpa: Universidad Nacional Autónoma de Honduras. https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2677977
Reconciliación, C. D. (2011). Cronología de la administración José Manuel Zelaya. Periodo de 27 de enero de 2006 al 25 de enero de 2009. Tegucigalpa, CVR.
Turner, V. (1969). The Ritual Process. Structure and Anti-Structure. Brunswick and London: Aldine Transaction. https://books.google.com.cu/books/about/The_Ritual_Process.html?id=gaVwAAAAQBAJ&redir_esc=y
Conflicto de intereses:
Los autores declaran no tener conflictos de intereses.
Contribución de los autores:
Los autores participaron en el diseño y redacción del artículo, en la búsqueda y análisis de la información contenida en la bibliografía consultada.
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